Viernes, 09 de Diciembre de 2016 Actualizado: 08:37 h.

Todos los curas, obligados a inscribirse en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente; de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre, no pueda comprar ni vender (Apocalipsis 13,16).

 

 

El Decretazo

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado, establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

Por eso, llama la atención que el Decreto 23/16 firmado por el arzobispo de Barcelona D. Juan José Omella de 20 de septiembre de 2016 vaya más allá y disponga que, para que no haya ninguna duda de la plena colaboración de la Iglesia con la sociedad civil, se aplique en el ámbito diocesano la normativa del Estado. En su virtud, dice el decreto, todas las entidades diocesanas que dependen de la archidiócesis de Barcelona (delegaciones, parroquias, asociaciones, fundaciones, movimientos, Cáritas…) están obligados a cumplir inmediatamente con la normativa estatal sobre protección a la infancia y adolescencia en la medida en que su actividad comporte contacto habitual con menores de edad, incluyendo en este concepto el trato ocasional relacionado con la actividad pastoral.

El Estado puede pedir, dentro de sus atribuciones, todos los certificados que quiera, aún a costa de convertirse en un estado policial donde ya no exista la presunción de inocencia, sino la de culpabilidad. Pero, ¿qué necesidad tenía el Sr. Arzobispo de decretar la aplicación de una norma estatal en el ámbito eclesiástico? ¿Quién le ha asesorado para meter a todos los sacerdotes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales como si el sacerdote fuese per se sospechoso de pederastia? ¿O acaso va con el orden sacerdotal la irrefrenable inclinación a la pederastia? ¿Cómo es eso?

La misma Agencia Española de Protección de Datos en su informe 0401/2015 interpreta que para considerar “trabajo habitual con menores”, es necesario que el puesto de trabajo implique por su propia naturaleza y esencia, un contacto habitual con menores, siendo los menores los destinatarios principales del servicio prestado. No siendo necesario presentar el certificado en aquellas profesiones que, teniendo un contacto habitual con el público en general, entre los que pueden encontrarse menores de edad, no estén por su naturaleza exclusivamente destinados a un público menor de edad. ¿Está el sacerdocio por su naturaleza exclusivamente dirigido a un público menor de edad? Pareciera que no. No todos los sacerdotes tienen ese trato habitual. La mayoría de ellos tratan con todos los feligreses por igual, pequeños y mayores y bastante más a estos últimos.

 

El certificado

Sin embargo el decreto se refiere a todos: clero parroquial (párrocos, vicarios, adscritos y diáconos) que tenga contacto habitual u ocasional o no lo tenga nunca. También los seminaristas y los catequistas. Es decir, ¡todo bicho viviente! Para todos ellos es necesario que obtengan el certificado negativo cuando comience el curso 2016/17, e inmediatamente -los sacerdotes- entregarán una copia del mismo a la Secretaria General del Arzobispado de Barcelona.

Por cierto, ¿qué hay de la Fundació Escola Cristiana? ¿Y de los profesores de religión? El decreto los señala genéricamente: laicos que trabajan en las entidades diocesanas enumeradas. Enumeradas con puntos suspensivos... pues no los nombran directamente. Y ellos sí que tienen trato habitual con menores. Y en un territorio especialmente conflictivo a estos efectos como lo es la escuela. Únicamente se señala directamente a los clérigos, hasta el punto de que las penas canónicas que enumera el artículo 6 del decreto se refieren casi exclusivamente a ellos: a los curas y a los diáconos, y a nadie más.

La desvergüenza de este affaire es que por evitar emitir un certificado positivo de mala conducta, es decir por seguir enmascarando los casos flagrantes, públicos y notorios de aquellos que realmente están implicados en algún caso de perversión, todos los curas estemos obligados a obtener un certificado negativo de mala conducta, porque así todos somos iguales y por tanto, al ser todo cura sospechoso de pederastia, todo cura se ha de molestar en demostrar que no es pederasta. ¿Y eso cómo se demuestra? Y si se trata de un certificado preventivo, que no es garantía de nada pues en él sólo constaría que el interesado no ha tenido una condena en firme, pero no que ha sido investigado o imputado… ¿por qué no un certificado de inclinación sexual hetero u homo o bisexual? Si lo que buscamos es prevención y la mayoría de delitos sexuales contra menores han sido cometidos por homosexuales hechos y derechos… ¿no sería mejor prevenir desde la realidad de una inclinación sexual definida? Por tanto, certificado de inclinación sexual obligatorio para los sacerdotes. ¿Qué tal el invento?

Y un paso más en la prevención, poniendo el acento en la vigilancia. ¿Qué han estado haciendo nuestros obispos y cardenales al respecto? Disimular y entrar en expedientes eternos, que es tanto como consentir. Ahí está la impunidad de la Casa de Santiago y de los amigos del padre Alfredo Rubio de Castarlenas. ¿Y es por tapar toda esa basura por lo que hemos de constar todos los curas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales? ¡Ah!, que es para decir que no lo somos. ¿Y por qué no incluyen en él a los abogados, a los jueces, a los médicos, a los policías, a los asistentes sociales? Hombre, ¡cómo vas a comparar! En relación con la pederastia, los medios lo han dejado clarísimo: ser cura es ya ser sospechoso. De ahí la necesidad de tenernos a todos fichados. ¡A que sí, señor Vicario Judicial!

 

El autor

Pero no, D. Juan José Omella no ha sido ni el artífice ni mucho menos el inductor de esta medida. Lo considero un verdadero padre de los sacerdotes como para pensar ni un solo instante que esta medida hubiese sido idea suya. No. Fue mosén Santiago Bueno, Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Eclesiástico, el que llevado de su celo purificador de corte inquisitorial, redactó ese decreto, entre beatorro y amenazante… Si miramos de dónde proceden los excesos de los inquisidores, nos encontramos siempre con lo mismo: sobreactuación para alejar de ellos toda sospecha de connivencia con el mal que persiguen. La Srta. Montserrat Romaguera, abogada y responsable de la Asesoría Jurídica del Arzobispado, fue la encargada de presentar la perentoria necesidad del certificado negativo.

Pues bien, parece que el alegato de la comisionada fue tan efectivo que convenció a D. Juan José y a los vicarios episcopales -parece que a regañadientes- para que finalmente el Arzobispo decretara la obligación del clero barcelonés de demostrar su pureza racial.

La elocuente perorata de la jurisconsulta: que si la tolerancia cero, que si el Papa lo exige, que si el Estado lo requiere, que si las denuncias, que si las indemnizaciones, que si otros obispados ya lo han hecho… les hizo mella. Acogotó de tal manera al Consejo de Gobierno, que decretaron con prontitud el certificado negativo: no sé si como placebo para el ataque de ansiedad que provocó la apasionada letrada, o como carnaza narcotizante para tranquilizar la conciencia de alguien y cubrirle, al menos económicamente, las espaldas. El mentor de la jurista podía respirar aliviado. Lo había conseguido.

 

La sospecha

Lo que resulta bochornoso es que para camuflar a aquellos de los que se sabe positivamente que se les va la mano, todos los demás tengamos que demostrar nuestra inocencia. Con este decretazo admitimos que, por definición, el hecho de ser sacerdote lo convierte a uno en sospechoso de pederastia y debe, por tanto, demostrar que no lo es. Certificado negativo y todos contentos: Santiago Bueno, el Ministerio de Justicia y Puigdemont. Y es que todo el conjunto adolece de una sobreactuación sospechosa.

Ese deseo de pureza sexo-racial a la que aspiran ciertos jerarcas de la Iglesia, parece desmontar aquello de que la mujer del César además de ser honrada y casta debe parecerlo. Ya no debe parecerlo, ¡sino que ha de demostrarlo! Algunos se cubrirán de gloria, aunque la infamia manche a los demás. Que denuncien a los que de verdad son un peligro para los menores -¿es que todavía no los conocen?- y así sí que ganarán credibilidad. Y que dejen tranquilo al mayoritario resto de un clero que bastante pena tiene con sufrir además de la sospecha de la sociedad, inducida por la pasividad de unos líderes ausentes, la pena de vivir su sacerdocio en un tiempo tan calamitoso como éste.

Custodio Ballester Bielsa, pbro.

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